Bernat Pellisser alcalde
del municipio de Rasquera, situado en la comarca del Baix Ebre en la provincia de
Tarragona, y el consistorio aprobaron en el pleno del día 9 de febrero del 2012
ceder 7 hectáreas de terreno a la Asociación Barcelonesa de Autoconsumo, “ABCDA”,
para cultivar marihuana; los vecinos del
municipio tendrán que decidir por referéndum vinculante si aceptan o no dicha
iniciativa el próximo martes 10 de Abril.
El consistorio mediante un comunicado de prensa afirmó que a
partir de un mínimo de la totalidad de los votos el proyecto saldrá adelante,
en caso de resultado negativo se anulará dicho proyecto. Los vecinos solo podrán
escoger entre dos papeletas, la del “sí” y la del “no”.
La marihuana no
tendrá ningún objeto de comercialización, sino que será destinado para el
autoconsumo de los asociados de la ABCDA, la cual regulará las cantidades
suministradas y se responsabilizará de la actividad. El Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya, avaló en el año 2010 la legalidad de esta asociación, en los
estatutos de la misma constan las actividades de cultivo de cannabis para el
consumo de sus propios socios los cuales deben ser mayores de 21 años.
El ayuntamiento de
Rasquera espera crear 40 puestos de trabajo con este proyecto y obtener unos
beneficios de 1’3 millones de euros en 2 años a partir de la puesta en marcha
del cultivo.
Cabe decir que
dicha iniciativa gana apoyo entre el mundo de la abogacía, el abogado Oriol
Rusca de la sección de Derecho Penal del Col.legi d’Advocats de Barcelona,
afirma que no es delito si la asociación que va a explotar el cultivo para el
consumo de sus miembros certifica que queda vetada la admisión de nuevos
consumidores, por lo que para cumplir la legalidad al cien por cien, la
asociación debe certificar que no existe facilitación del consumo a terceros,
por lo que tendría que demostrar que en el caso de admitir a nuevos miembros,
estos ya eran consumidores habituales de esta sustancia.
Por otro lado el
delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, defendió ante
el Congreso de los Diputados la ilegalidad de esta iniciativa de Rasquera, y
anunció que la Abogacía del Estado instará la actuación de la Fiscalía Especial
Antidroga si el Ayuntamiento mantiene el acuerdo y la plantación se lleva a
cabo. Parece ser que según Babín, la Generalitat de Catalunya también impugnará
el acuerdo.
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